Por vencimiento de términos, el empresario Gustavo Guevara Aldana, beneficiado con el contrato de apuestas permanentes, quedó libre de toda responsabilidad. Pese al abundante material probatorio, la lentitud de la justicia, provocó la prescripción de la acción penal. Primicia.
RICARDO AREIZA
InvestigacionesHuila@gmail.com
La cuestionada adjudicación del juego de apuestas permanentes (chance) realizada irregularmente en agosto de 2008, hace 15 años, comenzó a desmoronarse.
A pesar del abundante material probatorio recaudado por la Fiscalía, el antiguo concesionario y directo beneficiario del polémico contrato Gustavo Guevara Aldana, procesado como coautor en calidad de interviniente, quedó libre de toda responsabilidad, por la excesiva demora de la administración de justicia para sancionarlo o absolverlo.
En su caso, por no tener la calidad de servidor público, el proceso en su contra prescribió, por “vencimiento de términos”, al superarse el tiempo que tenían los operadores judiciales para proferir una sentencia definitiva.
Al no haberlo hecho en el tiempo establecido en la ley, la administración de justicia perdió la oportunidad para ejercer su potestad sancionatoria, operando la prescripción de la acción penal. Increíble.
En concreto, la prescripción, una de las causales de extinción de la acción penal, es la pérdida de la potestad punitiva del Estado, para investigar, juzgar y sancionar los delitos, por su falta de ejercicio en un determinado tiempo establecido por el legislador. En este caso, había transcurrido más del tiempo mínimo para haber proferido el respectivo fallo.
La jugadita
Según la Fiscalía, durante el proceso licitatorio se evidenció “un claro direccionamiento y desviación de poder para beneficiar al contratista. En este caso advirtió que los actos administrativos “fueron suscritos de manera cohonestada con el mismo contratista”, hoy exonerado por la excesiva morosidad de la justicia para vencerlo en juicio.
El 23 de junio de 2008, fecha en la que se debía adjudicar el contrato, el comité evaluador, conformado por Miller Astudillo, Ebert Barrera y el abogado José William Sánchez, concluyó que las tres propuestas debían ser rechazadas. El comité recomendó que se declarara desierta.
El gerente de la Lotería Carlos Hernando Ordóñez se amparó en otro concepto del abogado Jorge Pino Ricci, recomendando la declaración de desierta. El 28 de julio de 2008, dos de los miembros del comité evaluador (José William Sánchez Plazas y Eberth Barrera) en otro concepto sugirieron la habilitación de Chambacú y de Apuestas Nacionales.
Sánchez Plazas, sin embargo, sorpresivamente, rindió un nuevo concepto totalmente opuesto al rendido en la evaluación final, que le permitió al gerente de la Lotería revocar la resolución que declaró desierta la licitación, habilitó a Apuestas Nacionales y le adjudicó en total secreto el contrato, el viernes 22 de agosto de 2008, sin que hubiera celebrado la audiencia pública obligatoria.
“En forma atípica se habilitaron dos proponentes (Chambacú y Apuestas Nacionales) se inhabilitó la participación de uno de los proponentes (Su Chance por no haber presentado recurso de reposición). Además, se calificaron estas dos propuestas, se eligió una propuesta ganadora y se adjudicó el contrato a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia, representada por el señor Gustavo Guevara Aldana”, precisó la fiscal Quiroga Ariza.
Polémica adjudicación
El lunes 25 de agosto de 2008, hace 15 años LA NACIÓN publicó en primicia la adjudicación del contrato. El gerente de Apuestas Nacionales, Gustavo Guevara Aldana confirmó los detalles del proceso y anticipó la estrategia para iniciar la operación de la concesión.
“A los proponentes restantes, uno inhabilitado y otro descalificado, Chambacú y Su Chance, en un hecho abiertamente ilegal por parte de la Lotería, se les comunicó por vía correo electrónico solo hasta el 26 de agosto de 2008 el contenido de la resolución No. 181 de 22 de agosto de 2008, a un correo electrónico que en el caso de Su Chance, ni siquiera pertenecía a la empresa”, puntualizó la Fiscal.
Por la noche, el gobernador, Luis Jorge Sánchez, solicitó al fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, que investigue las eventuales irregularidades en la adjudicación del chance.
“Existen dudas razonables sobre la conveniencia legal y administrativa de la adjudicación del contrato, ya que, de conformidad con el proceso licitatorio, inicialmente la licitación fue declarada desierta por serias infracciones a la ley y a los pliegos de condiciones por parte de los proponentes”, explicó el mandatario seccional. Lo mismo hizo el contralor Constantino Trujillo.
Después de 15 años, la fiscal anticorrupción Elizabeth Quiroga, cree que la adjudicación del contrato no fue transparente, como se argumentó.
“El resultado del proceso licitatorio, no obedeció a un análisis juicioso y ponderado, sino al deliberado y planeado propósito de favorecer a un particular, plasmado en un acto administrativo”, reiteró la funcionaria judicial.
Cuentas de la Fiscalía
Al contratista Gustavo Guevara Aldana, representante de Apuestas Nacionales, se le acusó a título de interviniente, como coautor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, cometidos en concurso heterogéneo, que daría en caso de condena 18 años de prisión. Pero tendría una rebaja en una cuarta parte por ser interviniente.
“La operación aritmética nos daría 18 años; la cuarta parte sería 4,5 años. Si a 18 le quitamos esos 4,5 años, nos daría 13,5 años. Esta cifra (13,5 años) divido por dos, que es lo que corresponde después de la imputación nos daría 6,75 años, conducta que ya prescribió en el año 2021”, argumentó la fiscal del caso.
De hecho, la imputación se hizo marzo de 2015. La acusación fue radicada el 30 de junio de 2016, hace siete años, sin que se hubiera proferido sentencia definitiva, a pesar del abundante material probatorio. Incluso, un fallo que invalidó de oficio el irregular contrato al haberse configurado la causal de nulidad absoluta contemplada en el régimen de contratación estatal.
“Asimismo, por el delito de prevaricato por acción, a título de determinador, la pena en caso de una condena sería de 68 a 144 meses, es decir, 12 años de prisión como máxima pena fijada por la ley. Haciendo la operación aritmética, sería 12 años dividido dos, nos daría seis años, así que esta conducta también prescribiría en 2021, en sede de juzgamiento”, anotó la fiscal.
Pasmosa lentitud
Con estas advertencias la fiscal Elizabeth Quiroga Ariza le solicitó al juez de conocimiento que le “imprima la celeridad que corresponda a este juicio para evitar que evitar que se pierda la potestad sancionatoria del Estado, como acontece con el señor Guevara Aldana, situación que afecta la pronta y eficaz de la función pública de administrar justicia y garantizar el derecho de las víctimas”.
La solicitud la hizo el pasado miércoles en una corta audiencia convocada por el juez de conocimiento.
El juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, en cinco minutos, corroboró las cifras, y confirmó que, efectivamente, estaban prescritas las dos conductas endilgadas al representante legal de Apuestas Nacionales, Gustavo Guevara Aldana, operador del cuestionado contrato de Apuestas Permanentes (chance).
El funcionario judicial decretó la prescripción en este caso y programó para julio y noviembre dos nuevas audiencias, insuficientes para concluir el juicio oral, lo que abrirá las puertas para otra prescripción.
Maniobras dilatorias
“Al advertir la presencia de la causal objetiva de prescripción de la acción penal respecto de uno de los acusados Gustavo Guevara Aldana, solicité al señor juez de conocimiento, se diera aplicación inmediata por cuanto el Estado pierde la potestad punitiva, y sin embargo, la defensa y el acusado continuaban actuando en el debate del juicio oral oponiéndose al ejercicio de la Fiscalía sin facultad alguna, haciendo más dilatorio el juicio, hecho que el Juzgado pasó desapercibido desde mediados del año 2021”, explicó la fiscal Elizabeth Quiroga Ariza.
“Más allá de las maniobras dilatorias advertidas, el instituto jurídico de la prescripción es una garantía constitucional para el acusado y una sanción para el Estado por su inactividad, adviértase en sede de juzgamiento”, precisó la fiscal, adscrita a la Unidad Anticorrupción.
“Llevamos más de ocho años en juicio, ha sido espantoso. La prescripción viene desde el año 2021 y tanto el acusado como su defensor venían actuando, oponiéndose al debate probatorio, sin derecho alguno y sin que el juez hubiese hecho el ejercicio de mirar si las conductas estaban prescritas”, apuntó la funcionaria anticorrupción.
“Cuando me di cuenta empecé a hacer el cuarto punitivo y advertí que este señor venía actuando desde el 2021, como una maniobra dilatoria porque nadie más puede estar mejor enterado de si su cliente todavía está incurso en una acción penal o no que su abogado. Y ellos siguieron actuando, oponiéndose a la Fiscalía, dilatando el juzgamiento para ganar el caso por prescripción”, afirmó.
Nueva prescripción
“No hay derecho, que siguiera así, actuando en contra de los intereses de su cliente y aparte de eso, ejerciendo una cortapisa en el mismo juzgado, sabiendo que ya el Estado había perdido la potestad punitiva, además pensando, tal vez, en una nulidad porque se estaba tramitando un juicio por una conducta que ya estaba prescrita”, comentó la fiscal Quiroga.
“De hecho -dijo- me vi obligada en esa audiencia a decirle al juez que citara con mayor premura porque estamos ad portas de una nueva prescripción que será en el 2024 para otro de los acusados”. En junio de 2024, si no hay sentencia definitiva, también prescribirá la acción penal para el abogado José William Sánchez por no tener la investidura de servidor público.
Según la funcionaria el despacho judicial está citando audiencias de una hora, en un caso tan complejo y con numerosos testigos, y más, cuando la prescripción parecería que es la hoja de ruta de la defensa.
“Claro, yo no me podía quedar callada porque el Estado tiene la obligación de advertirla y blindarla de eventualidades nulidades”, aclaró.
Lo que sigue
La Fiscalía presentará nuevos testigos, entre ellos varios investigadores; la defensa presentará otras 50 pruebas y numerosos testigos, en total 150 pruebas que no se alcanzarán a evacuar en lo que resta de este año.
La próxima audiencia quedó para el próximo 5 de julio y la última este año quedará para noviembre, con uno de los testigos de la Fiscalía, en este caso el investigador de campo que realizó el recaudo del material probatorio.
“En noviembre se acaba prácticamente el año judicial y seguiremos en el 2024. El próximo año prescribe para otro de los acusados. Es gravísima la situación que los casos se queden por prescripción en los juicios”, precisó la fiscal.
La chancera ganadora
La firma Apuestas Nacionales de Colombia, la ganadora del millonario contrato no cumplía los requisitos habilitantes.
Apuestas Nacionales, una pequeña chancera, hábilmente resucitada para participar en la licitación, estaba incursa en una causal de rechazo de su propuesta por las irregularidades de carácter contable (que no la habilitaban para participar en la cuestionada licitación).
La chancera registrada como Apuestas Chiquinquirá, tampoco cumplía con el requisito capacidad financiera a 31 de diciembre de 2007 según lo establecido en el pliego de condiciones.
Los organismos judiciales encontraron “documentos contables y declaraciones ante autoridades públicas sobre hechos, al parecer falsos”. Por esta razón compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta Central de Contadores para que adelantaran las investigaciones respectivas. Nunca se realizaron.
Apuestas Chiquinquirá, sin trayectoria en el mercado de los juegos de azar estaba inactiva. Para poder participar en la licitación fue “resucitada” con nuevos accionistas. La pequeña chancera se transformó en marzo de 2008, cuando estaba en marcha el proceso licitatorio.
La empresa pasó de ser una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima con nuevos accionistas rebautizada como Apuestas Nacionales de Colombia.
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